El 5 de noviembre, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido firmaron el primer acuerdo internacional sobre el uso de la inteligencia artificial (IA), un tratado con fuerza legal. Al mismo tiempo, Australia planea implementar «barreras de seguridad» obligatorias para el desarrollo de IA de alto riesgo, lo que incluye la intervención humana y requisitos de transparencia, demostrando que varios países están tomando acciones concretas frente a los riesgos potenciales de la IA.
Las tres principales jurisdicciones occidentales —EE. UU., la UE y el Reino Unido— firmaron la Convención sobre IA del Consejo de Europa el 5 de noviembre, subrayando la importancia de los derechos humanos y los valores democráticos al regular tanto los sistemas públicos como privados.
Este acuerdo, que ha sido redactado en los últimos dos años por más de 50 países, incluidos Canadá, Israel, Japón y Australia, es de carácter jurídicamente vinculante (legally enforceable). Exige que los países firmantes sean responsables de los resultados perjudiciales o discriminatorios de los sistemas de IA y asegura que las salidas de dichos sistemas respeten la equidad y el derecho a la privacidad, además de proporcionar recursos legales para las víctimas de infracciones relacionadas con la IA.
Peter Kyle, Ministro de Innovación Científica y Tecnología del Reino Unido, señaló la importancia de dar el primer paso hacia un acuerdo internacional para regular la IA, una innovación en rápido desarrollo. «Este es el primer acuerdo global con fuerza legal, que reúne a países muy diversos».
Hanne Juncher, quien lideró las negociaciones del Consejo de Europa, afirmó que diez países se encuentran entre los primeros en ratificar el acuerdo. «Esto demuestra que el acuerdo no se limita solo a Europa; los países firmantes han estado muy involucrados en las negociaciones... y están satisfechos con el resultado».
Aunque este tratado se presenta como jurídicamente vinculante, los críticos señalan que carece de sanciones como multas, y que se basa principalmente en la supervisión como un mecanismo de cumplimiento relativamente débil para evaluar a las empresas.
El 5 de noviembre, Ed Husic, Ministro de Industria y Ciencia de Australia, también anunció diez nuevas directrices voluntarias para los sistemas de IA, que entran en vigor de inmediato, con un período de consulta pública de un mes para decidir si será necesario imponer requisitos obligatorios para el desarrollo de IA de alto riesgo.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citado por AFP, la riqueza de los trabajadores está disminuyendo cada año en billones de dólares. Analizando datos de 36 países, la OIT encontró que entre 2019 y 2022, el ingreso laboral global cayó un 0,6 %, lo que representa una brecha de ingresos de casi 2,4 billones de dólares anuales. La IA amenaza con reducir los salarios y aumentar la desigualdad.
El estudio destaca que la pandemia de COVID-19 fue el principal factor de esta disminución de ingresos. Casi la mitad de la pérdida ocurrió entre 2020 y 2022, cuando el avance tecnológico, incluida la automatización, redujo considerablemente la proporción de ingresos laborales a nivel mundial. La OIT afirma que los trabajadores solo representan el 52,3 % de los ingresos globales, mientras que el resto corresponde a los dueños de activos como tierras, maquinaria, edificios y patentes.